jueves, 29 de marzo de 2012

SUELDOS MISERABLES DE LOS POLICÍAS Y MILITARES PERUANOS

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MILITARES Y POLICÍAS PERUANOS, LOS PEOR PAGADOS DE AMÉRICA LATINA

MALESTAR GENERAL, ¿NUEVA MECIDA?
La congresista fujimorista Luisa María Cuculiza exigió ante el Pleno que se mejoren los sueldos de los efectivos del Ejército, y de la Policía Nacional. "Este tema lo escucho hace seis años y nada. Ya parece una burla", se quejó.
"Tienen sueldos de hambre y no pueden educar a sus hijos en buenos colegios y universidades", reclamó, tras la presentación del primer ministro Oscar Valdés ante el Legislativo.

Pidió al ministro de Economía, Miguel Castilla, "luchar" por los soldados y los policías del Perú, y ponerse de acuerdo con el titular del Interior para sincerar los sueldos de  los militares, así como de la Policía Nacional.

Cuculiza demandó también al  Gobierno mejorar los hospitales del país que se caen a pedazos, e insistió en mayores penas para los violadores de menores.
La fijación de los sueldos y las pensiones militares son generalmente un dolor de cabeza para los gobiernos, pues es un tema delicado que, al final de cuentas, puede influir en la seguridad de los países. Por lo mismo, este asunto muchas veces puede ser considerado como un buen barómetro para el estado de la relación civil-militar.
¿QUE PASA EN AMÉRICA LATINA?
No siempre existe un mecanismo legal transparente para los aumentos salariales, de modo que recurrentemente las autoridades políticas se enfrentan a este dilema. De hecho, las remuneraciones pueden entenderse también como un arma política de doble filo. Algunos gobiernos pretenden granjearse las simpatías de militares y policías aumentando generosamente sus haberes. Por ejemplo, el gobierno venezolano otorgó un 40 por ciento de incremento salarial a los militares en abril pasado. Eso puede funcionar sólo si ese esfuerzo presupuestario se mantiene en el tiempo. Por el contrario, la falta de aumentos o la postergación en comparación con otros servidores públicos puede llevar al malestar e incluso a la desobediencia de los cuerpos armados.

En estos días hay un claro malestar de militares y policías en Uruguay y en Perú por este motivo. El gobierno del Presidente José Mujica, probablemente molesto por el develamiento de irregularidades graves en la Marina uruguaya, ha echado atrás su promesa de campaña para elevar sustancialmente los sueldos del personal castrense. La cúpula militar envió todo tipo de señales de molestia con esta situación y trascendió que muchos de los militares amenazaban con renunciar a sus carreras. Atento a las presiones, Mujica terminó por ceder y accedió a un modesto incremento escalonado en un período de cinco años.

En el caso peruano, el gobierno tiene en mente eliminar lo que muchos consideran un privilegio de militares y policías. Se trata de la "cédula viva". Este mecanismo, conocido antiguamente en Chile como "la perseguidora", implica que el personal en retiro obtiene los mismos aumentos que el personal activo. Esto implica que los funcionarios en activo y aquellos que han pasado a situación de retiro perciben prácticamente el mismo nivel de remuneraciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas señala que este sistema de la "cédula viva", eliminado en 2006 para los funcionarios estatales civiles, hace imposible incrementar los salarios de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en activo. Esta situación peculiar ha tenido como resultado que los gobiernos han ido dando aumentos salariales muy menores a través de los años, lo que implica que los uniformados peruanos viven hoy día con remuneraciones cercanas a la mitad de las de sus congéneres de otros países de la región.

El problema es que la eventual eliminación de la "cédula viva" y el consiguiente aumento escalonado de los sueldos del personal activo a partir del próximo año están causando una ácida discusión en el país, y paradójicamente la mayoría de las bancadas parlamentarias, buena parte de la Prensa, asociaciones gremiales, organismos empresariales, entre otros, se oponen a la reforma, argumentando que se cercenarían reivindicaciones ya adquiridas. No sería extraño que el Congreso, incluyendo los parlamentarios pro-gobierno, desestime la eliminación de la "cédula viva", en parte preocupado por la reacción de los miles de uniformados en retiro y sus familiares, una masa electoral potencialmente significativa.
ENTREVISTA A RAFAEL AITA CAMPODÓNICO, EX VICEMINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ
El excongresista y exviceministro de Defensa, Rafael Aíta Campodónico, durante las gestiones de los ministros Antero Flores-Aráoz y Rafael Rey Rey, sustentó que el boom del crecimiento económico que vive el país es el mejor momento para cumplir su promesa de hacer justicia remunerativa y pensionaria al personal en actividad y retiro de las FFAA y PNP. “Un buen paso en esta dirección sería publicar el proyecto de ley de homologación elaborado por el Gobierno, que lo mantiene como secreto de Estado, para saber si los uniformados dejarán de ser los peor pagados entre los uniformados del continente”, dijo. A continuación sus declaraciones:
¿Considera que el gobierno de Ollanta Humala está cumpliendo con su promesa de mejorar los niveles remunerativos del personal de las FFAA y de la Policía Nacional?
En el momento de su asunción al cargo, el presidente Humala anunció como política de gobierno mejorar la escala remunerativa del personal de las FFAA y Policía Nacional y mantener la pensión renovable de los retirados como parte de sus derechos adquiridos, para cuyo efecto delegó este trabajo a los ministros de Defensa, Daniel Mora Zevallos, y del Interior, Óscar Valdés Dancuart, quienes dispusieron la conformación de una comisión para la formulación de un proyecto consecuente con esa promesa; así como la disponibilidad presupuestal por el Ministerio de Economía y Finanzas. A la salida del general Mora Zevallos, se desconoce si la propuesta elaborada por la comisión continuó su trámite o si ha sido modificado o reemplazado por otra, más aún el actual premier no ha dado declaraciones al respecto.
¿Considera pertinente que el Gobierno maneje su proyecto con una reserva como si fuera secreto de Estado?
Considero que la presentación del proyecto no debe ser en extremo tan reservado, porque permite que pueda ser revisado y sea permeable a las recomendaciones u observaciones de las instituciones de los uniformados y similares, de manera que de existir obstáculos para su materialización se puedan conocer los argumentos técnico-jurídicos porque no es factible atender parte de sus expectativas.
¿Considera que el Estado no está en capacidad económica de poder materializar el incremento de haberes?
Resulta contradictorio afirmar la incapacidad del Estado para lograr el incremento de haberes del personal uniformado, mientras que el propio Gobierno asegura que los indicadores macroeconómicos del país y el PBI están en un franco crecimiento, que la recaudación tributaria se incrementará en relación a años anteriores y que el monto de las exportaciones y de las Reservas Internacionales están en el orden de los 50 mil millones de dólares. Creo que este es el mejor momento para hacer justicia y tomar la decisión política de mejorar las remuneraciones de nuestras FFAA y PNP, darles una mejor calidad de vida y atención a sus necesidades básicas de vivienda, salud, y educación.
¿En el plano de los supuestos, porque el MEF no ha dado a conocer nada, los montos que se manejarían para los aumentos serían inmanejables?
Se dice extraoficialmente que el costo total de las cinco etapas del incremento de los sueldos ascendería a los 6 mil 400 millones de soles y que para una primera etapa, o sea en este año, se requerirán de aproximadamente 1,390 millones de soles, considero que estas cifras pueden ser manejables por el Ministerio de Economía y Finanzas, si es que, repito, hay la voluntad política de realizarlo.
¿Cree usted que hay recursos potenciales no usufructuados para asegurar una solución integral a las necesidades de los uniformados?
El Estado pierde mucho más de lo requerido para las remuneraciones y equipamientos de las FFAA y PNP, en las evasiones por el contrabando, venta insumos para el narcotráfico, extracción de minerales preciosos de manera ilegal, depredación de la selva amazónica y por extracción del oro y ventas al exterior. Es hora de imponer los controles necesarios para recuperar estas pérdidas.
¿Qué ganaría el país con unas FFAA y PNP adecuadamente remuneradas y equipadas?
Principalmente, al ofrecer seguridad del orden interno, resguardar la potencialidad de sus recursos naturales, y un control del terrorismo y narcotráfico, garantizará que el país sea atractivo para las inversiones.
¿Considera justas las actuales escalas remunerativas del personal militar y policial?
Los más altos grados de las FFAA y PNP no tienen un reconocimiento equitativo del que sí gozan los funcionarios civiles del Estado con sueldos que oscilan entre los 14,000 y 15,000 nuevos soles, ni qué decir del personal de las escalas subalternas. De otro lado, se habla mucho de los sueldos de los más altos grados, pero se oculta que son un porcentaje bajísimo. Los generales y almirantes son el 3%, los coroneles y capitanes de navío, son el 8% de los efectivos, y solo permanecen en el cargo el tiempo que les permite la ley. A esto hay que añadir que las remuneraciones de los uniformados se encuentran entre las más bajas del continente.
Hay voces que insisten en pasar el sistema pensionario de las FFAA y PNP a las AFP u ONP ¿Lo considera factible?
En mi gestión anterior se hizo las consultas a esas entidades y la respuesta fue negativa, debido a la alta siniestralidad de estas profesiones. Un ejemplo, un teniente como los recientemente fallecidos en acción de armas con escasos 8 a 10 años de servicios, ¿Cree usted que las AFP o la ONP estarían en capacidad de velar económicamente por su familia? La respuesta fue negativa, a lo cual se suman el drama de las pensiones de los discapacitados y personal fallecido por acto de servicio.

ECUADOR DA EL EJEMPLO
El año 2010 el gobierno ecuatoriano anunció un importante incremento de sueldos para miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.
El aumento salarial de entre US$400 y US$570 responde a una política de homologación salarial emprendida por el gobierno y será pagado de manera retroactiva desde enero de 2010, según lo dieron a conocer el ministro de Defensa, Javier Ponce, y el ministro del Interior, Gustavo Jalkh.
Como ejemplos, el ministro Ponce señaló que un capitán que hoy tiene un sueldo de US$1.600, con la homologación salarial percibirá US$2.140, mientras que un mayor que ahora gana US$1.870 pasará a recibir US$2.280.

LE SIGUE PARAGUAY
Con aplausos, los militares presentes y familiares respondieron la noticia de la promulgación de la ley, cuyo proyecto fue presentado en el Congreso por el diputado colorado Carlos Liseras.
La suba tendrá un costo aproximado de US$212 millones adicionales a partir de 2012 y abarca varios ítems:
1.-El aumento promedio que supera el 50% de la remuneración básica que perciben actualmente.
2.-Además del jugoso ajuste salarial, tanto militares como policías en actividad recibirán una Unidad Básica Alimentaria (UBA), en forma mensual, equivalente al 40% del salario mínimo legal (hoy sería G. 663.293) a fin de cubrir los costos de alimentación.
3.-Asimismo, los efectivos cobrarán una bonificación familiar mensual, equivalente al 5% del salario mínimo legal (G. 82.912) al que será incrementado el mismo porcentaje por cada hijo menor de 18 años de edad, hasta un máximo de 5 hijos (G. 414.560).
4.-La norma contempla también un pago anual complementario para adquisición de equipo y vestuarios que va de 1 a 3 salarios mínimos (de G. 1.658.232 a G. 4.974.696), según una escala.
5.-Otro beneficio adicional contemplado es que cada efectivo recibirá un 10% del salario mínimo (G. 165.823) para la atención de salud y de su familia.

6.-Cadetes recibirán un pago.